Quiénes Somos

 


D. Miguel Miranda Aranda
Director General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado.
 

La promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos constituye un pilar fundamental en las democracias avanzadas. La emergencia de sociedades crecientemente complejas exige el impulso de mecanismos de innovación democrática que, ante las realidades poliédricas actuales, promuevan un cambio de valores en la organización y actuación de los poderes públicos.

 

El triunfo y preeminencia de la democracia representativa y el desarrollo de sus instituciones no han evitado la necesidad de enfrentarse a sus límites, abriéndola a otras formas de participación que, de forma complementaria, enriquezcan el sistema democrático y reafirmen sus fundamentos. Es necesario configurar procesos de profundización democrática que permitan a los gobiernos contar con la voz y la opinión de la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas. Se trata en definitiva de impulsar el principio de apertura como requisito imprescindible para mejorar la calidad de nuestra democracia.

 

Ya el Libro Blanco para la Gobernanza Europea de 2001 recogía recomendaciones tendentes a profundizar en la democracia y aumentar la legitimidad de las instituciones. En esencia, abogaba por la apertura de las decisiones públicas a la participación ciudadana, entendiendo que es necesario superar la exclusividad de los poderes públicos en la gestión de los asuntos públicos y reconocer la pluralidad de agentes sociales con posibilidad de intervenir.

     

También nuestro bloque de constitucionalidad aboga por la promoción de la participación ciudadana. Así lo reconocen la Constitución Española en sus artículos 9.2 y 23.1, en el marco de una sociedad democrática avanzada, y los Estatutos de Autonomía de última generación, que se han pronunciado con rotundidad al reconocer el derecho a la buena administración incorporando en el mismo el principio de transparencia y el fomento de la participación ciudadana. En esta línea, el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 proclama la obligación de los poderes públicos de promover la participación social en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y económico (artículo 15.3).

 

En este marco, el Gobierno de Aragón asume el reto de impulsar una política de innovación democrática, entendiendo que una mayor participación, como complemento y mejora del sistema representativo, promueve la corresponsabilidad social, enriquece las decisiones públicas al incorporar toda la riqueza de los conocimientos y experiencias de la ciudadanía, y mejora la eficacia de la actuación pública posibilitando unas políticas más adecuadas a las necesidades y demandas sociales.

 

La Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado, dependiente del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, es la encargada de diseñar y gestionar esta estrategia. Su misión es propiciar una mayor implicación y participación de la ciudadanía en la construcción y evaluación de las políticas públicas, impulsando una estrategia que, como proyecto global y transversal, englobe a todos los Departamentos del Ejecutivo autonómico.

 

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