Pregunta 6 - Otras aportaciones: - AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE LA REVISIÓN DEL PLAN ARAGONÉS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

NombreApellidosPoblaciónEntidadFechaRespuesta
Ayuntamiento de Sahún20-07-2017 12:14Documento completo: https://drive.google.com/open?id=0BzYukLyNR6TUS1ZJelNhX1lpVlk
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JESÚSSAMPÉRIZ MALUENDAEcologistas en Acción19-07-2017 17:39APORTACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CON RESPECTO A LA REVISIÓN DEL PLÁN ARAGONÉS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. Como previo, Ecologistas en Acción desea manifestar que formará parte de cualquier...
APORTACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN CON RESPECTO A LA REVISIÓN DEL PLÁN ARAGONÉS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. Como previo, Ecologistas en Acción desea manifestar que formará parte de cualquier proceso de participación que tenga como objetivo la redacción de un Plan de Saneamiento y Depuración de nueva planta. Las numerosas irregularidades que han constituido el PASD desde su mismo origen obligan a diseñar un nuevo Plan que rectifique lo que ha sido un ejemplo de mala gestión que no debe ser enmascarado ni camuflado de ninguna forma. El informe de la Cámara de Cuentas deja en entredicho las actuaciones de todos los gabinetes del G. de Aragón y, a pesar de no abordar el problema con la suficiente profundidad, tal como se pedía desde los movimientos sociales, establece algunas líneas que se pueden usar para el rediseño integral de la depuración de las aguas en Aragón. Antes de hablar del futuro se debe analizar, cuantificar y definir cual ha sido el pasado de la gestión del Instituto Aragonés del Agua y de sus responsabilidades en el proceso. No podemos creer que quien ha sido parte del problema vaya a ser ahora el artifice de la solución. Por ello proponemos que la Elaboración del Plan Aragonés de Sanemiento y Depuración debe contar ineludiblemente con cuatro pasos previos que una vez consumados posibilitarán la apertura de un nuevo escenario para la depuración en Aragón. 1.- Volver al marco competencial anterior a la creación del IAA. Para ello se deberán devolver las competencias a los municipios aragoneses a los que en su momento se convenció para formar parte de un entramado que se ha mostrado ineficaz. 2.- Revisión crítica de la relación del IAA con las empresas comprometidas. 3.- Extinción real del Instituto Aragonés del Agua. 4.- Revisión de la financiación del Plan. Cumplidas estas fases se puede entrar en la: 6.- Elaboración de un nuevo Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. 1.- RETORNO AL MODELO COMPETENCIAL MUNICIPAL. El nuevo formato se debe basar en la cooperación entre iguales y en la subsidiariedad de la Administración Autonómica. Esta deberá desarrolalr un papel de regulació, planificación global y asistencia técnica y económica para posibilitar que los ayuntamientos presten el servicio a sus ciudadanos. Se deberán tipificar las situaciones actuales que, a nuestra manera de ver son: - Los Ayuntamientos que no cedieron sus competencias y depuran sus aguas. - Los Ayuntamientos que mantienen sus competencias pero que no depuran sus aguas. - Los ayuntamientos de las cabeceras comarcales que depuran sus aguas (financiación con fondos europeos). - Los Ayuntamientos que cedieron sus competencias y depuran sus aguas residuales. - Los Ayuntamientos que cedieron sus competencias y no disponen de depuradora. En cada uno de estos casos se deberá actuar de manera que se garantice la evolución de la gestión hacia un modelo 100x100 pública con participación ciudadana y en un verdadero régimen de transparencia en relación con los movimiento sociales y ciudadanos que han demostrado su acierto a la hora de valorar la situación del Saneamiento en Aragón. 2.- ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS Los contratos con las empresas adjudicatarias deben ser revisados en su totalidad. Es preciso un estudio que muestre los escenarios posibles en cuanto a la deuda que se puede generar de acuerdo a los distintos tipos de gestión elegidos. La propia Cámara de Cuentas informa que puede resultar hasta tres y cuatro veces más barato recuperar la gestión aun a rieso de indemnizar a las empresas que pagar los plazos hasta el final de la concesión. Consideramos que existen ejemplos en nuestra propia Comunidad Autónoma que pueden dar luz sobre la mejor forma de proceder. Es posible recuperar la gestión pública en buena parte de las instalaciones, si existe voluntad política de que así sea. En otros casos deberían revisarse los precios y condiciones del contrato. 3.- EXTINCIÓN DEL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA El IAA es la raiz de los males que han aquejado a la gestión autonómica del ciclo del agua en Aragón. Creemos que se trata de una entidad pública opaca en su funcionamiento que ha priorizado los intereses políticos y empresariales, sobre la defensa del interés público, como debería corresponder a una institución pública. Nos encontramos con que la mayor de parte de su plantilla son puestos que desarrollan funciones directivas pese a no ser funcionarios. Este cuerpo técnimo ha tenido una clara responsabilidad en el proceso de gestión que desarrolló el Instituto. No existen garantías de que su acceso haya cumplido las condiciones que la administración exige en materia de contratación laboral. Buena parte de esta plantilla desarrolla funciones que implican el ejercicio de potestades públicas que la ley obliga a que sean desempeñadas por funcionarios de carrera. Consideraríamos un grave error integrar el IAA, tal cual, en una futura Dirección General del Agua, garantizando empleos fijos a toda la plantilla en sus actuales condiciones. Es indispensable un proceso de colaboración con los sindicatos. 4.- REVISIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL PLAN El Impuesto de Contaminación de las Aguas se ha convertido en la clave de bóveda de todo el sistema. El proceso privatizador puesto qen marcha ha generado la falsa ilusión de que cualquier inversión es posible porque "lo pagaremos solidariamente entre todos". Ese planteamiento ha llevado a desarrollar un plan que para cubrir las necesidades de depuración de un 23% de la población de Aragón es necesario que todos paguemos el impuesto más caro de España. Hay que decir que la recaudación del ICA solo alcanza a cubrir, en el mejor de los casos, un 50% con de los costes de inversión, explotación y mantenimiento (en la zona 7A), situándose en torno al 25% de esos costes en el resto de zonas de depuración. Ante esta situación es preciso una redifinición de todo la estructura de financiación. Coincidimos con otros movimientos ciudadanos en la convicción de que es más lógico que el sobreprecio del sistema, fruto de gestión de los equipos anteriores, se afronte con las fuentes de ingresos tributarias, además de con las tasas municipales de unos ayuntamientos que recuperarán sus competencias, y no con un impuesto lineal abusivo que castiga especialmente a los vecinos de los pueblos y ciudades que han cumplido con sus obligaciones. Una vez alcanzado este estado es el momento para definir el nuevo PASD cuyo objetivo primordial es el de Recuperar el buen estado de nuestros ríos y ecosistemas acuáticos aplicando para ello las normativas europeas en materia de saneamiento de retornos. 5.- ELABORACIÓN DE UN NUEVO PASD El nuevo Plan de deberá estar basado en los siguientes principios: • Aplicar de forma efectiva el criterio coste-eficacia en la elección de la tecnología de depuración. • Aplicar la legislación europea en materia de saneamiento de los retornos para recuperar el buen estado de nuestros ríos y ecosistemas acuáticos; • Incentivar la responsabilidad de la ciudadanía y de las instituciones; • Empoderar a los ayuntamientos en sus funciones y responsabilidades en esta materia para que puedan brindar este servicio en aplicación del principio de subsidiariedad y desde la lógica del interés general sin ánimo de lucro; • Garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el control efectivo de los servicios públicos de abastecimiento agua, saneamiento y depuración. • Reforzar la solidaridad colectiva a todos los niveles (comarcal, autonómico, nacional) para afrontar el reto de cubrir este servicio para todos, en coherencia con la declaración de NNUU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento; Zaragoza, 19 de julio de 2017
MARIANO MÉRIDA SALAZARASOCIACIÓN NATURALISTA DE ARAGÓN 18-07-2017 18:20APORTACIONES DE LA ASOCIACIÓN NATURALISTA DE ARAGÓN –ANSAR- EN RELACIÓN A LA ACTUAL PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PASD POR EL IAA El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) correspondiente a...
APORTACIONES DE LA ASOCIACIÓN NATURALISTA DE ARAGÓN –ANSAR- EN RELACIÓN A LA ACTUAL PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PASD POR EL IAA El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) correspondiente a la Ley 9/1997 se elabora a lo largo de tres años y se aprueba el 5 de Junio de 2001 cuando dicha ley había sido ya derogada por la ley 6/2001, de 17 de Mayo (Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón). El artículo 23 de la Ley 6/2001 prevé que los Planes que regula, entre ellos el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), tendrán una vigencia indefinida, debiendo procederse a su revisión cada cuatro años o en caso de variación sustancial de los objetivos a cumplir. Sin embargo hasta 2009 no se hace la primera revisión del PASD y en 2014 se elabora otra propuesta de revisión, cuyo contenido es criticado por la Cámara de Cuentas (CC) en el informe ya citado y que termina así: “La CC recomienda al Gobierno Aragón que, antes de acometer la ejecución de grandes planes y proyectos (como el PASD) realicen los estudios, análisis y evaluaciones previas suficientes (antes de la licitación) sobre las ventajas e inconvenientes jurídicos, económicos, administrativos y de gestión de las distintas alternativas contractuales disponibles para su desarrollo. Cuando el modelo elegido para el desarrollo de estos grandes programas de inversión suponga formalizar contratos de muy larga duración (veinte o más más años) que condicionen el margen presupuestario y la capacidad de decidir sobre el modelo de gestión de futuros gobiernos, también se recomienda implantar un mayor control de las Cortes de Aragón”. El Gobierno de Aragón plantea la necesidad de elaborar un nuevo Plan que corrija los errores observados y se ajuste a la situación real. Consideramos un acierto el inicio de un proceso de participación que acerque su diseño a las necesidades reales y determine la utilización de los medios y tecnologías más adecuados. La RAPA quiere participar en este proceso de evaluación y cambio. En los dos últimos años de gobierno PSOE-CHA constatamos muchos hechos que muestran que la política hidráulica es la misma que la anterior (con un Plan de Saneamiento y Depuración en riesgo de insostenibilidad según la Cámara de Cuentas y pendiente de investigación en Comisión Parlamentaria). He aquí algunos de esos hechos: . Respaldo activo al "Recrecimiento de Yesa" y a proyectos de embalses como Biscarrués. . Justificación de la política seguida hasta el momento por el IAA: privatización, sobredimensionamiento de depuradoras, incautación de las competencias hídricas municipales, incumplimiento de las reuniones participativas comprometidas, ... . Aceleración de los procesos de contratación por concesión de depuradoras bioquímicas sobredimensionadas (como en el Matarraña) cuando se estaba a tiempo de satisfacer a la ciudadanía aplicando otro tipo de contratación y de depuradora más realista y sostenible. . Impulso a privatizaciones del abastecimiento (Caspe, Remolinos,... ) . Privatización de la gestión del ICA. . Negativa a asumir su responsabilidad en el caso de los pueblos pirenaicos que, desviados los fondos estatales para sus depuradoras a inversiones "clientelares" del PSOE y PAR, han sido multados por la CHE por no depurar. . Imposición del pago del ICA a Zaragoza (pendiente del recurso ante el Tribunal Constitucional) y a otros municipios que no les cedieron sus competencias, sin ni siquiera sentarse a dialogar. . Negativa a evaluar técnicamente las propuestas de depuradora de filtro verde y gestión directa municipal (caso de Calaceite). . Negativa a denunciar contratos incumplidos por las empresas. Poca claridad respecto a las 4 rescisiones con indemnización de los últimos días. . Injusto blindaje de los puestos de trabajo del IAA a los que accedieron irregularmente. Se integrarán en la estructura departamental de la DGA mediante un Proyecto de Ley que la Orden del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (6/2016) establece "no someter a consultas o procesos participativos". La Cámara de Cuentas informó: "La plantilla del IAA no detalla las retribuciones para cada puesto, ni especifica los grupos de clasificación profesional, ni el sistema de provisión de los puestos de trabajo, ni establece los requisitos para su desempeño, excepto la titulación." . No aclaración de las irregularidades contables en la situación económica del IAA advertidas por la CC, que : "La CC no ha dispuesto de ningún documento o anteproyecto sobre el proceso liquidativo del IAA que identifique la totalidad de sus recursos, derechos y obligaciones. No ha podido verificar la adecuada valoración de los activos y pasivos a transferir y la existencia de pasivos ocultos que tendría que asumir la Administración de la Comunidad Autónoma." “El IAA no dispone de un catálogo permanentemente actualizado de bienes recibidos en cesión o en adscripción, ni de derechos reales sobre bienes inmuebles, ni de los arrendamientos concertados para alojar a sus órganos, los cuales deberían constar en el Inventario General del Patrimonio de Aragón…” Con estas condiciones, no es razonable esperar que una revisión dialogada del PASD genere otro modelo. Como viene proponiendo la RAPA desde hace años y conociendo el informe de la auditoría de la CC autonómica, en el actual PASD no cabe ningún maquillaje. Debe ser derogado íntegramente y sustituido por otro Plan elaborado con criterios radicalmente diferentes que den respuesta a todas las deficiencias estructurales que el modelo concesional conlleva, que acometan el gasto mínimo para cumplir los objetivos de depuración con un modelo de financiación que nada tenga que ver con el ICA, que cuenten con el protagonismo de los Ayuntamientos, que prioricen la gestión directa de las infraestructuras del ciclo integral del agua, que establezcan canales de participación, que "autoexijan-practiquen-publiciten" control y transparencia para el buen uso de los recursos públicos, que pretendan la sostenibilidad del sistema hídrico con visión de cuenca, que planteen el impacto ambiental estratégico, que eduquen en el adecuado uso y disfrute de las aguas superficiales, que fomenten el ahorro de agua mediante una tasa de ciclo integral por tramos con parte fija mínima, ... , que velen por el Derecho Humano al Agua. Para desarrollar esos objetivos, la RAPA propone una hoja de ruta que seguiría los siguientes pasos desarrollados de forma coordinada y simultánea: . Auditoría de todo el periodo de funcionamiento del IAA y puesta en práctica inmediata de la comisión de investigación en las Cortes . Extinción del IAA. . Revisión de los contratos empresariales. . Devolución de las competencias a los Ayuntamientos para la gestión del Ciclo Integral del Agua. . Supresión del ICA. . Solicitud de un rescate de la deuda inasumible contraída, que garantice la sostenibilidad. . Creación de mecanismos de participación, control y transparencia. . Elaboración de un nuevo Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración AUDITORÍA DE TODO EL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DEL IAA Y PUESTA EN PRÁCTICA INMEDIATA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LAS CORTES. La Ley 2001 crea el IAA suprimiendo la Dirección General del Agua y la Junta de Saneamiento. Tiene mucho poder ("... , permutar, gravar o enajenar, concertar créditos, establecer contratos, ...”) y poco control ("...,no tiene fiscalización previa, ...", “no ha sido auditado más que en dos años por la CC”). En el informe de la CC sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2011 ya se cuestionaba el modelo de concesión seguido para la ejecución de las obras encomendadas por el Estado. En su reciente informe dice: “Al sistema de gestión concesional es imputable un sobrecoste estimado de 5,16 millones de euros en el ejercicio analizado en 2015. A la CC no le consta que el IAA haya realizado análisis de comparación de eficacia entre la gestión directa y la concesional. El coste de construcción es casi triple por concesión que por gestión directa y casi cuádruple el coste de explotación”. Decía también, que en “tres zonas existe incumplimiento de contratos por parte de los concesionarios cuyos perjuicios no han sido debidamente reclamados por parte del IAA.” y que “El Pirineo acumula importantes retrasos e incidencias en su ejecución”. Creemos que, si atendiendo solo a la auditoría de 2015, la CC extrae múltiples irregularidades, es imprescindible que se audite todos los años de funcionamiento del IAA y que la comisión de investigación en las Cortes empiece su trabajo ya. EXTINCIÓN DEL IAA. En el IAA se encuentra el origen de los males que han aquejado a la gestión autonómica del ciclo del agua en Aragón. El IAA es una entidad pública opaca en su funcionamiento que ha mostrado prepotencia hacia los Ayuntamientos, ha optado por el método privatizador concesional, ha elegido tecnologías caras en depuradoras sobredimensionadas,..., El IAA ha practicado la satisfacción de intereses políticos antes que la defensa del interés público, como hubiese hecho una institución formada por funcionarios. La mayor parte de su plantilla son "puestos singulares de jefatura", que desarrollan funciones directivas pese a no ser funcionarios. Accedieron a sus puestos sin convocatoria pública de proceso selectivo (obligatoria para este tipo de entidades, según el Estatuto Básico del Empleado Público (2007) y la LARA (2014). Desarrollan funciones de ordenación, de autoridad, de inspección, de sanción, de policía de aguas, que la LARA obliga a que sean desempeñadas por funcionarios de carrera, cuando sólo hay 4 funcionarios. Consideramos que sería un grave error mantener la estructura del IAA e integrarla, tal cual, en una futura Dirección General del Agua, garantizando empleos fijos a toda la plantilla en sus actuales puestos, y un abuso de derecho, que raya en la prevaricación, hacerlo por Ley. “La plantilla del IAA no detalla las retribuciones para cada puesto, ni especifica los grupos de clasificación profesional, ni el sistema de provisión de los puestos de trabajo, ni establece los requisitos para su desempeño, excepto la titulación”. La RAPA propone . Suprimir el IAA y todos sus puestos (no los empleos, pues las personas trabajadoras tienen derecho a subrogarse como indefinidas no fijas, permaneciendo en ellos hasta que se cubran las vacantes). . Elaborar una nueva estructura de plantilla de la Dirección General del Agua, adaptada a los objetivos y estrategias que requieran el nuevo Plan que se elabore y demás funciones que se le assigne. . Reservar todos esos puestos a funcionarios de carrera de las escalas general y facultativa, salvo casos como el necesario personal de oficios (conductores, person al de limpieza, etc.) . Dotar todos los puestos actuales del IAA mediante concurso de adscripción o promoción entre funcionarios de carrera de la DGA (con cualificaciones semejantes a las requeridas). Los que queden vacantes se incorporarán a la próxima oferta de empleo público y convocatoria de oposición libre. . Asumir y corregir las deficiencias remarcadas por la CC: “La CC no ha dispuesto de ningún documento o anteproyecto sobre el proceso liquidativo del IAA que identifique la totalidad de sus recursos, derechos y obligaciones. No ha podido verificar la adecuada valoración de los activos y pasivos a transferir y la existencia de pasivos ocultos que tendría que asumir la Administración de la Comunidad Autónoma. El IAA no dispone de un catálogo permanentemente actualizado de bienes recibidos en cesión o en adscripción, ni de derechos reales sobre bienes inmuebles, ni de los arrendamientos concertados para alojar a sus órganos, los cuales deberían constar en el Inventario General del Patrimonio de Aragón…” La CC recomienda “revisar y actualizar el inventario de bienes y derechos, procediendo a su correcta contabilización y a la regularización contable de las diferencias”. También opina la CC que “los 5,25 M€ de gasto anual de gestión del IAA deberían imputarse al PASD (2,38 por personal y 2,87 de gasto corriente). REVISIÓN DE LOS CONTRATOS EMPRESARIALES. Además de los hechos descritos en el apartado “Auditoría del IAA” de este documento, la CC constata que “..En las mesas de los contratos analizados no estuvieron presentes, ni siquiera el mínimo legal: Presidente, Secretario y los dos vocales de asesoramiento: jurídico y control económico”. 17 contratos de emergencia analizados deberían haber seguido la tramitación ordinaria y no la de emergencia con adjudicación directa del contrato, pues no queda acreditada la necesidad de actuación inmediata. No consta la necesidad de utilizar encomienda de gestión a SARGA de nueve contratos en 2015 en lugar de acudir al sector privado mediante un contrato o mediante la incorporación de recursos humanos complementarios. En tres de los contratos analizados, las resoluciones aprobadas por el Presidente del IAA no detallan la valoración de los encargos realizados (costes de personal, medios materiales a emplear, etc.), limitándose a señalar el presupuesto de ejecución material (sin ningún desglose) y los gastos corporativos que cargará SARGA (5,5 %). SARGA factura al IAA sin detallar los costes. La CC ha analizado la contabilidad de SARGA comprobando que gastó hasta un 45,9% menos de lo cobrado. “Existen casos de EDAR cuyo coste de construcción es significativamente inferior al del proyecto ofertado por el adjudicatario y aprobado por la Administración. La supervisión de las obras se encomendó a SODEMASA. El IAA no ha emitido certificaciones de obra ni ha aprobado los proyectos finales que el concesionario está contractualmente obligado a entregar a la Administración. En estas condiciones, no es posible determinar si la ejecución se ha realizado conforme a los proyectos aprobados por el IAA o sufrió modificaciones durante la ejecución de las obras”. La CC recomienda al IAA “exigir las responsabilidades y penalizaciones previstas en los contratos de concesión en los casos de prestación defectuosa”. Los contratos con las empresas pueden y deben ser revisados. La ejecución del PASD (obras pendientes y explotación de toda la red) en el período 2014- 2045 supone unos gastos de 3.209 millones de euros (dato de la C.C). En muchas ocasiones puede resultar hasta tres y cuatro veces más barato recuperar la gestión (negociando con las empresas una indemnización por inversión realizada y expectativas reales de beneficio empresarial) que pagar los plazos hasta el final de la concesión. Es posible, si hay voluntad de hacerlo, recuperar la gestión pública. El límite lo marcan las leyes de estabilidad presupuestaria que establecen el máximo de endeudamiento posible pero, si se traza un plan progresivo y constante, en pocos años puede recuperarse gran parte de las concesiones y contratos de gestión y revisarse los precios del contrato del resto. En relación a los contratos con las empresas la RAPA plantea: . Exigir la denuncia inmediata de los contratos incumplidos, demandando daños y perjuicios a las empresas. . Negociar la cancelación de los contratos de concesión de obra pública. . Renegociar los precios a la baja cuando lo anterior no sea posible. . Favorecer la gestión directa por los ayuntamientos (a medida que venzan los plazos) de las 43 depuradoras con contrato de gestión de servicios. Exigir que las EDARs sean devueltas en perfectas condiciones. . Operar del mismo modo con los contratos vinculados al abastecimiento, de forma que se avance en la gestión pública del ciclo integral del agua. DEVOLUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS A LOS AYUNTAMIENTOS. Los convenios del IAA con los Ayuntamientos no sólo privaron a éstos de sus competencias en materia de depuración, sino que los marginaron en la toma de decisiones respecto a este servicio. Las comisiones de seguimiento no han funcionado. Consideramos indispensable que se vuelva a un escenario de cooperación entre iguales desde la subsidiariedad de la Administración Autonómica, cuyo papel es de regulación y planificación global y de asistencia técnica y económica para facilitar que los ayuntamientos ejerzan sus propias competencias en las tareas del ciclo in tegral del agua. Desde RAPA se plantea un tratamiento específico a cada una de las situaciones siguientes: . Ayuntamientos que no cedieron sus competencias y disponen de depuradora.(Fabara, Zaragoza, P.ej.) . Respetar la voluntad municipal y ciudadana y el marco constitucional y permitir que desarrollen y financien sus propios sistemas de depuración. . Ayuntamientos que no cedieron sus competencias y NO disponen de depuradora. (Bielsa, p.e.) Proceder del mismo modo y, además, la Dirección General del Agua deberá asistir técnica y económicamente para que el Ayuntamiento construya y gestione una EDAR sostenible. . Ayuntamientos de las 43 cabeceras de comarca que disponen de depuradoras construidas con fondos europeos y cuya gestión privatizó el IAA tras la firma de los convenios. . Fomentar que aquellos ayuntamientos que lo deseen pasen a gestionarlas sin contrapartida alguna, preferentemente mediante gestión pública. . Ayuntamientos que cedieron sus competencias y disponen de depuradora Estudiar la posibilidad de cancelar los contratos. Valorar el coste y oportunidad de mantenerlas o sustituirlas por otras mejor dimensionadas, con tecnologías más eficientes y ajustadas a los recursos disponibles en los municipios. Favorecer que los Ayuntamientos las gestionen a través de gestión pública directa con asistencia económica y técnica de la Dirección General del Agua. . Ayuntamientos que cedieron sus competencias y NO disponen de depuradora Cancelar o modificar los convenios permitiendo a los ayuntamientos desarrollar, financiar y gestionar sus sistemas de depuración sostenible, con asistencia de la Dirección General del Agua. Además la DGA debe indemnizarles por todos los gastos ocasionados mientras tuvo la titularidad (multas, canon de saneamiento). “El IAA no tiene constituida provisión para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, de cuantía indeterminada. Por ejemplo, los 7M€ del litigio con concesionaria del Río Aragón ó las posibles responsabilidades ante las reclamaciones de los municipios del Pirineo que no cuentan con depuradora y que han sido recientemente sancionados por la CHE por los vertidos realizados en condiciones inadecuadas”. “Más de 3M€ ha gastado el IAA para la expropiación forzosa de los terrenos en los que se ubican las plantas depuradoras correspondientes a varios contratos de concesión. No pueden figurar en la cuenta "Inversiones gestionadas para otros entes públicos" sino contar como activos propios. Según los convenios de colaboración entre el IAA y los Ayuntamientos, este coste debería haber sido soportado por éstos. Tampoco consta que el IAA les haya reclamado oficialmente ese importe. No figura registrado en su contabilidad ese saldo, debidamente provisionado en caso de estimarse de dudoso cobro.” La CC recomienda “dictar las resoluciones que procedan, de acuerdo con lo establecido en los convenios y previa audiencia de las entidades locales afectadas, para liquidar a los Ayuntamientos correspondientes el pago de las cargas asumidas indebidamente por el IAA por expropiaciones, por obras cuya ejecución correspondía a les entidades locales que finalmente fueron acometidas y pagadas por el IAA, y por retrasos en las obras por falta de disponibilidad de los terrenos”. “La causa principal de las demoras ha sido la falta de disponibilidad de los terrenos en los que se ubican las obras, que debían haber sido puestos a disposición de los concesionarios por las entidades locales. El IAA no ha trasladado a los Ayuntamientos los mayores costes que ha soportado su incumplimiento”. SUPRESIÓN DEL ICA El ICA es la clave esencial de todo el sistema privatizador, puesto que plantea la falsa ilusión de que cualquier inversión es posible porque "lo pagaremos solidariamente entre todos". Ese absurdo planteamiento ha llevado a desarrollar un plan que, para cubrir las necesidades de depuración de un 23% de la población de Aragón, hace necesario que todos paguemos un impuesto que tiene el dudoso honor de ser el más caro de España. A pesar de ello, lo que se recauda de ICA solo alcanza a cubrir, en el mejor de los casos, un 50% de los costes de inversión, explotación y mantenimiento (en la zona 7A), situándose en torno al 25% de esos costes en el resto de zonas de depuración. Ante esta situación no basta con defender que cambie el sujeto tributario, o darle menor peso a la cuota fija y mayor progresividad en los consumos, o que se acomode mejor a las distintas situaciones mediante acuerdos con los ayuntamientos. No es suficiente ni sería comprendido por la gente que ha de sufrir innecesariamente una doble tributación injusta para financiar un sistema sobredimensionado y de gestión ineficiente. Las actuaciones pendientes (alrededor de 450 municipios todavía no tienen tratados sus vertidos) deberán ajustarse al máximo a la capacidad de pago de los beneficiarios buscando, excepcionalmente, otras formas de cubrir los costes. Deberá contarse con todas las fuentes de financiación posibles: . Subvenciones del Estado. Partidas finalistas y controladas que, provenientes del IRPF, distribuyen con más justicia el coste de un servicio cuyo acceso ha sido declarado Derecho Humano. . Presupuestos de la Comunidad Autónoma. A través de ellos se ejercería el principio de solidaridad entre aragoneses. (Aportan en torno a un 25% del gasto actual del IAA.) . Tasas municipales para cubrir los costes de prestación de los servicios del ciclo integral del agua. Sólo después de haber ajustado al máximo los costes actuales y futuros de la depuración en Aragón, y si esas fuentes de financiación no alcanzan a cubrirlos, habrá que buscar algún recurso tributario, residual y subsidiario. Creemos que es infinitamente más justo que el sobreprecio del sistema fruto de la mala gestión y la posible corrupción se afronte con las fuentes de ingresos tributarias y con las tasas municipales de unos ayuntamientos que recuperarán sus competencias, y NO con un impuesto lineal abusivo que, además de ser la clave del sistema privatizador, castiga especialmente a los vecinos de los pueblos y ciudades que han cumplido con sus obligaciones. SOLICITUD DE UN RESCATE DE LA DEUDA INASUMIBLE CONTRAÍDA, QUE GARANTICE LA SOSTENIBILIDAD. Las obras de depuración se financiaron hasta el año 2002 con recursos presupuestarios ordinarios de las Administraciones Públicas (181 millones de euros). A partir de ese año se comenzó a recaudar el canon de saneamiento expresamente creado para la financiación de estas actividades. En 2014 se sustituye por el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). En 2016 se amplía su finalidad al abastecimiento. En el escenario financiero 2014-45 se prevé un gasto total de 3.209M€ a pagar con el ICA. En 2015 sólo el 37,5 % de los contribuyentes ha estado sujeto a la tarifa general del impuesto, estando el resto de ellos bonificados transitoriamente. Existe una incertidumbre sobre los ingresos futuros de los contribuyentes de Zaragoza que el IAA ha considerado en sus previsiones de financiación del PASD en 543M€ para el periodo 2014-45. La terminación de todas las infraestructuras pendientes generará mayores déficits anuales, que no se podrán cubrir si Zaragoza capital no se incorpora al sistema . No se han tenido en cuenta los gastos de la depuración en Zaragoza capital, sin embargo sí se han considerado los ingresos por ICA. Además, la CC estima que el IAA infravalora los costes en 347M€. “Durante los años 2008-16, la Comunidad Autónoma ha recibido fondos estatales por importe de unos 142 M€ para actuaciones en cauces, abastecimiento y saneamiento. De estos ingresos, las cantidades dedicadas a saneamiento ascienden a 28 millones de euros. La aportación del Estado está condicionada a la completa ejecución por parte de la CA, y con cargo a sus recursos propios, de las obras del Pirineo y del Plan Especial de Depuración antes del fin de 2016”. La Cámara de Cuentas ha incluido en el informe de auditoría financiera del IAA una salvedad por incertidumbre por el riesgo de reintegro de las cantidades abonadas por el Estado por el incumplimiento del convenio. La CC considera probable que el IAA incumpla el plazo establecido (31 de diciembre de 2017) para la ejecución de las obras de depuración de los ríos pirenaicos. Por este incumplimiento podría nacer la obligación de reintegrar al Estado 117 millones de euros no gastados en depuración. El IAA no considera el gasto por amortización de las instalaciones al no contabilizar las infraestructuras. “Es imprescindible incorporar estos costes al modelo de financiación del Plan para poder afrontar la renovación de las instalaciones al final de su vida útil”. La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto un sobredimensionamiento de las depuradoras al comparar el caudal de diseño con el caudal realmente depurado. Afecta tanto a las de gestión propia como a las concesionadas. En 2015 se depuró por concesión el 60% del caudal de diseño, pero esto no supuso ahorro pues se pagó a la concesionaria el 80% del precio tope contractual. La CC cuestiona que se pague 4,66 M€ hasta 2015 por indemnizar a una concesionaria por una disminución de caudales al no tener hechos los colectores de los polígonos industriales próximos, pues hubiera sido más económico construirlos a cargo del IAA (2,77 M€). Las nuevas tarifas aprobadas no están justificadas (la disminución de caudal no proviene sólo de los colectores no realizados) por tanto la concesionaria no asume, en parte, el riesgo de demanda. Además de las indemnizaciones, el perjuicio económico por las nuevas tarifas asciende a 625.000€ anuales y se mantendrá hasta el final del periodo de explotación (2029) en tanto que no se construyan los colectores de los polígonos industriales y se apliquen los precios inicialmente ofertados por el concesionario. Ante el colapso financiero del actual modelo, es perfectamente justificable que haya aportaciones del estado y la comunidad autónoma extraordinarias y suficientes, que cubran su responsabilidad por haber permitido el desarrollo de un PLAN que, además de no conseguir su objetivo (depurar el 100% de las aguas residuales de Aragón) es económicamente insostenible. CREACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA. Una vez asumidas las exigencias antes descritas, es imprescindible que el sistema se dote de mecanismos de participación de calidad que permitan consensos sobre el futuro de los diferentes planes de aguas. En ese sentido podríamos avalar que la Dirección General del Agua se dote de un Consejo del Agua, siempre y cuando tenga funciones reales, facultativas en las grandes cuestiones. Habría que revisar su composición, la forma de selección de sus componentes (que no puede quedar al libre arbitrio del Gobierno), y asegurar que debe aprobar todas las piezas con valor jurídico del sistema (planes, reglamentos, convenios, subvenciones, criterios de las tasas de abastecimiento y saneamiento…) antes de su sometimiento a ratificación del Consejo de Gobierno). ELABORACIÓN DE UN NUEVO PASD La RAPA considera necesario elaborar un nuevo PASD basado en criterios y principios radicalmente distintos, tales como: . Recuperar el buen estado de nuestros ríos y ecosistemas acuáticos aplicando para ello las normativas europeas en materia de saneamiento de retornos. . Reforzar la solidaridad colectiva a todos los niveles (comarcal, autonómico, nacional, europeo y mundial) para conseguir que todas las personas disfruten de este servicio declarado por NNUU derecho humano. . Aplicar de forma efectiva el criterio coste-eficacia (no sólo económica, también ecológica y sostenible) en la elección de la tecnología de depuración. . Incentivar la responsabilidad de la ciudadanía y de las instituciones; . Empoderar a los ayuntamientos en sus funciones y responsabilidades en esta materia para que puedan brindar este servicio en aplicación del principio de subsidiariedad y desde la lógica del interés general sin ánimo de lucro . Garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el control efectivo de los servicios públicos de abastecimiento agua, saneamiento y depuración. . Incentivar, fomentar, apoyar,...,aquéllas iniciativas dirigidas a internalizar (re-municipalizar) los servicios del ciclo integral del agua. . Fomentar la coordinación con la Confederación Hidrográfica el Ebro para actuar desde lo local sin olvidar la visión global de cuenca. . Promover campañas educativas que incidan en el adecuado uso del agua (ahorro, calidad de los vertidos, usos lúdicos..) ANEXOS AL TEXTO GENERAL La contaminación del agua en los usos agrícolas, ganaderos e industriales Los usos del agua en Aragón, son en torno al 80% en la agricultura y ganadería, de un 14% en usos domésticos y sobre un 6% en usos industriales. Aun siendo que la contaminación corresponde a los tres sectores, la contaminación difusa de las actividades agropecuarias y la contaminación singular de ciertas industrias actuales y pretéritas y el hecho de que más del 95% de la aguas domesticas se depuren , hace recaer sobre la agricultura, ganadería e industria los esfuerzos mayores de mejora en los tratamientos preventivos a la contaminación. Y lo que también es muy importante como es la contribución económica que deben hacer esto sectores al impuesto de contaminación bajo el principio de quien contamina paga. El ICA recoge en su articulado lo siguiente: No pagarán este impuesto, la utilización del agua para regadío agrícola, excepto en los supuestos en los que pueda demostrarse que se produce contaminación de las aguas superficiales o subterráneas en los términos que se establezcan reglamentariamente y la utilización del agua en las actividades ganaderas, cuando dispongan de instalaciones adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado, todo ello en los términos que se determinen reglamentariamente. En la práctica ninguna explotación agrícola y ganadera paga nada por la contaminación y sin embargo son las máximas responsables del mal estado ecológico de l 25% de las masas de agua de la cuenca del Ebro. Un ejemplo, es lo que está sucediendo en la cuenca del Matarraña con los casos de Calaceite y Fabara.En ambas poblaciones hay almazara dedicadas a la extracción del aceite .En el caso de Calaceite con 1121 habitantes , se llega a la valoración de que la carga contaminante de estas industrias multiplica por 3,5 los habitantes reales llegando a los 4000 habitantes equivalentes . Ha salido a licitación la construcción de la depuradora con tecnología intensiva con un presupuesto de 2 millones de euros en su construcción y más de cien mil euros en mantenimiento, lo que lleva a que los vecinos no podrán pagar el 60% de 1os costes en los futura décadas y que pagaremos el resto de los aragoneses que de esa manera verán aumentado , una vez más , el recibo por el ICA. En el caso de Fabara la construcción de su depuradora extensiva es diez veces más barata, de forma que ellos se pagan el mantenimiento con lo que nadie más tiene que solidarizarse. Este es el modelo que defendemos y que el IAA anterior ni el actual, defienden-) ¿ Pero que ocurre con las aguas residuales de las almazaras? Estas son muy contaminantes en especial por las grasas y polifenoles que contiene. Cuando estas aguas residuales van destinadas a las depuradoras de aguas residuales (EDAR) las industrias generadoras de vertidos tienen que someterlas previamente a un tratamiento que las haga asimilables a las aguas residuales urbanas, para no afectar a los procesos biológicos de las EDAR. Esto es así porque las EDAR que tratan las aguas residuales de origen doméstico son muy sensibles a los vertidos de origen industrial y a aquellos con una toxicidad más elevada o que supongan acusadas variaciones en la acidez de las aguas Las Ordenanzas Municipales suelen tener en común, la prohibición de verter al alcantarillado estos compuestos y materiales. En cualquier caso los titulares de las almazaras son los responsables de la desviación presupuestaria de la depuradora de Calaceite. No es de recibo que los costes que originan por su actividad los paguemos los demás contribuyentes haciendo caso omiso del que contamina paga. Abaratan costes , pero haciendo pagar a los demás, los costes de contaminación que originan . Este ejemplo de contaminación industrial, es uno de los muchos ejemplos que a lo largo y ancho de nuestra geografía existen. Preocupante es la contaminación de la ganadería porcina. Y en el caso de la contaminación difusa de la agricultura, habría que penalizar el excesivo uso de pesticidas y fertilizantes por hectárea de suelo irrigado. En el futuro PASD es de absoluta urgencia que estos temas se pongan a debate Depuradoras extensivas En Calstelserás se ha optado por una depuradora extensiva que cuesta 700.000 euros, tres veces menos que la de Calaceite, y cuyo mantenimiento será también mucho menor, en torno a los 18.600€/año ,.lo cual nos parece muy positivo Pero aun así, solo se cubren el 60% de los costes con la recaudación del ICA y sale cerca de tres veces más cara que la depuradora de Fabara y las de la cuenca del Duero que, según datos del Cedex y Centa, solo requieren 200 euros de inversión por habitante, frente a los 850 de Castelserás o los 1.900 de Calaceite. El modelo elegido de subsuperficial, en donde las aguas a depurar van por debajo del terreno, para evitar malos olores, es caro y pensamos que se resuelve si la ubicación está suficientemente alejada de la población como así lo exigen las normas de construcción de las depuradoras .Es más barato situar la depuradora más alejada-problema de colectores- que encarecer el modelo de depuración Pero además de más barata es más eficaz que las depuradoras que mantienen el sistema radicular enraizados sobre arena o grava , ya que por tener el sistema radicular libre, directamente bañado por el agua ,tienen mayor economía en su construcción, no necesitan relleno de grava o arena, tienen mayor capacidad de depuración al tener todo el sistema radicular bañado en el agua y por último no se produce colmatación del lecho con lo que no se originan caminos preferenciales en el movimiento del agua residual y en consecuencia no generan lodos siempre que haya una relación adecuada entre la superficie del filtro y la carga órganica que reciben ( 2m2 por habitante)Para mayor información hay un articulo recientemente publicado con el titulo La fitodepuradora de Fabara : diez años de funcionamiento de un filtro verde flotante.en el blog de RAPA Mareazularagón Tambien se puede consultar la tesis publicada por Araceli Lozano de la Universidad Politécnica de Madrid en 2016 y en donde se hace un análisis exhaustivo del funcionamiento de la depuradora de Fabara y recomendando su desarrollo en pequeñas poblaciones A la hora de realizar depuradoras extensivas hay que abaratar los costes para que el coste de la depuración en Aragón, ya de por sí ruinoso, no lo sea mucho más Convenio con el MAGRAMA de 2008 en el Plan Nacional de Calidad de Aguas. .Plan de Depuración del Pirineo Previamente a la revisión del PASD, debe quedar claro a que acuerdos se ha llegado con el Ministerio de Medio Ambiente ya que afecta directamente a la financiación del Plan. Transparencia y total claridad antes de entrar en el proceso participativo porque son cuentas que previamente hay que tener. Igualmente pedimos que se haga una FISCALIZACIÓN de las obras que se hicieron con los 142 millones que se recibieron del MAGRAMA. Asimismo hay que aportar la rescisión de los contratos del Plan de Depuración del Pirineo , si ha habido incumplimientos, fallos administrativos, cuando se dieron las prórrogas,-( en el caso de la comarca del Sobrarbe se solicita prorroga a las pocas semanas de concederse la licitación)- ,si previamente había estudios de ubicación, expropiación de terrenos,…. Zaragoza,18 de Julio de 2017 Fdo: Mariano Mérida Salazar en representación de ANSAR
Red de Agua Pública de Aragón (RAPA)17-07-2017 18:14APORTACIONES DE LA RAPA EN RELACIÓN A LA ACTUAL PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PASD POR EL IAA NOTA: Los párrafos con letra comic son extractos del reciente informe de la Cámara de Cuentas (CC)...
APORTACIONES DE LA RAPA EN RELACIÓN A LA ACTUAL PROPUESTA DE REVISIÓN DEL PASD POR EL IAA NOTA: Los párrafos con letra comic son extractos del reciente informe de la Cámara de Cuentas (CC) correspondiente al año 2015 del Instituo Aragonés del Agua (IAA). El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) correspondiente a la Ley 9/1997 se elabora a lo largo de tres años y se aprueba el 5 de Junio de 2001 cuando dicha ley había sido ya derogada por la ley 6/2001, de 17 de Mayo (Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón). El artículo 23 de la Ley 6/2001 prevé que los Planes que regula, entre ellos el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), tendrán una vigencia indefinida, debiendo procederse a su revisión cada cuatro años o en caso de variación sustancial de los objetivos a cumplir. Sin embargo hasta 2009 no se hace la primera revisión del PASD y en 2014 se elabora otra propuesta de revisión, cuyo contenido es criticado por la Cámara de Cuentas (CC) en el informe ya citado y que termina así: “La CC recomienda al Gobierno Aragón que, antes de acometer la ejecución de grandes planes y proyectos (como el PASD) realicen los estudios, análisis y evaluaciones previas suficientes (antes de la licitación) sobre las ventajas e inconvenientes jurídicos, económicos, administrativos y de gestión de las distintas alternativas contractuales disponibles para su desarrollo. Cuando el modelo elegido para el desarrollo de estos grandes programas de inversión suponga formalizar contratos de muy larga duración (veinte o más más años) que condicionen el margen presupuestario y la capacidad de decidir sobre el modelo de gestión de futuros gobiernos, también se recomienda implantar un mayor control de las Cortes de Aragón”. El Gobierno de Aragón plantea la necesidad de elaborar un nuevo Plan que corrija los errores observados y se ajuste a la situación real. Consideramos un acierto el inicio de un proceso de participación que acerque su diseño a las necesidades reales y determine la utilización de los medios y tecnologías más adecuados. La RAPA quiere participar en este proceso de evaluación y cambio. En los dos últimos años de gobierno PSOE-CHA constatamos muchos hechos que muestran que la política hidráulica es la misma que la anterior (con un Plan de Saneamiento y Depuración en riesgo de insostenibilidad según la Cámara de Cuentas y pendiente de investigación en Comisión Parlamentaria). He aquí algunos de esos hechos: . Respaldo activo al "Recrecimiento de Yesa" y a proyectos de embalses como Biscarrués. . Justificación de la política seguida hasta el momento por el IAA: privatización, sobredimensionamiento de depuradoras, incautación de las competencias hídricas municipales, incumplimiento de las reuniones participativas comprometidas, ... . Aceleración de los procesos de contratación por concesión de depuradoras bioquímicas sobredimensionadas (como en el Matarraña) cuando se estaba a tiempo de satisfacer a la ciudadanía aplicando otro tipo de contratación y de depuradora más realista y sostenible. . Impulso a privatizaciones del abastecimiento (Caspe, Remolinos,... ) . Privatización de la gestión del ICA. . Negativa a asumir su responsabilidad en el caso de los pueblos pirenaicos que, desviados los fondos estatales para sus depuradoras a inversiones "clientelares" del PSOE y PAR, han sido multados por la CHE por no depurar. . Imposición del pago del ICA a Zaragoza (pendiente del recurso ante el Tribunal Constitucional) y a otros municipios que no les cedieron sus competencias, sin ni siquiera sentarse a dialogar. . Negativa a evaluar técnicamente las propuestas de depuradora de filtro verde y gestión directa municipal (caso de Calaceite). . Negativa a denunciar contratos incumplidos por las empresas. Poca claridad respecto a las 4 rescisiones con indemnización de los últimos días. . Injusto blindaje de los puestos de trabajo del IAA a los que accedieron irregularmente. Se integrarán en la estructura departamental de la DGA mediante un Proyecto de Ley que la Orden del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (6/2016) establece "no someter a consultas o procesos participativos". La Cámara de Cuentas informó: "La plantilla del IAA no detalla las retribuciones para cada puesto, ni especifica los grupos de clasificación profesional, ni el sistema de provisión de los puestos de trabajo, ni establece los requisitos para su desempeño, excepto la titulación." . No aclaración de las irregularidades contables en la situación económica del IAA advertidas por la CC, que : "La CC no ha dispuesto de ningún documento o anteproyecto sobre el proceso liquidativo del IAA que identifique la totalidad de sus recursos, derechos y obligaciones. No ha podido verificar la adecuada valoración de los activos y pasivos a transferir y la existencia de pasivos ocultos que tendría que asumir la Administración de la Comunidad Autónoma." “El IAA no dispone de un catálogo permanentemente actualizado de bienes recibidos en cesión o en adscripción, ni de derechos reales sobre bienes inmuebles, ni de los arrendamientos concertados para alojar a sus órganos, los cuales deberían constar en el Inventario General del Patrimonio de Aragón…” En la situación actual, no es razonable esperar que una revisión dialogada del PASD genere otro modelo. Como viene proponiendo la RAPA desde hace años y conociendo el informe de la auditoría de la CC autonómica, en el actual PASD no cabe ningún maquillaje. Debe ser derogado íntegramente y sustituido por otro Plan elaborado con criterios radicalmente diferentes que den respuesta a todas las deficiencias estructurales que el modelo concesional conlleva, que acometan el gasto mínimo para cumplir los objetivos de depuración con un modelo de financiación que nada tenga que ver con el ICA, que cuenten con el protagonismo de los Ayuntamientos, que prioricen la gestión directa de las infraestructuras del ciclo integral del agua, que establezcan canales de participación, que "autoexijan-practiquen-publiciten" control y transparencia para el buen uso de los recursos públicos, que pretendan la sostenibilidad del sistema hídrico con visión de cuenca, que planteen el impacto ambiental estratégico, que eduquen en el adecuado uso y disfrute de las aguas superficiales, que fomenten el ahorro de agua mediante una tasa de ciclo integral por tramos con parte fija mínima, ... , que velen por el Derecho Humano al Agua. Para desarrollar esos objetivos, la RAPA propone una hoja de ruta que seguiría los siguientes pasos desarrollados de forma coordinada y simultánea: . Auditoría de todo el periodo de funcionamiento del IAA y puesta en práctica inmediata de la comisión de investigación en las Cortes . Extinción del IAA. . Revisión de los contratos empresariales. . Devolución de las competencias a los Ayuntamientos para la gestión del Ciclo Integral del Agua. . Supresión del ICA. . Creación de mecanismos de participación, control y transparencia. . Elaboración de un nuevo Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración AUDITORÍA DE TODO EL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DEL IAA Y PUESTA EN PRÁCTICA INMEDIATA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LAS CORTES. La Ley 2001 crea el IAA suprimiendo la Dirección General del Agua y la Junta de Saneamiento. Tiene mucho poder ("... , permutar, gravar o enajenar, concertar créditos, establecer contratos, ...”) y poco control ("...,no tiene fiscalización previa, ...", “no ha sido auditado más que en dos años por la CC”). En el informe de la CC sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2011 ya se cuestionaba el modelo de concesión seguido para la ejecución de las obras encomendadas por el Estado. En su reciente informe dice: “Al sistema de gestión concesional es imputable un sobrecoste estimado de 5,16 millones de euros en el ejercicio analizado en 2015. A la CC no le consta que el IAA haya realizado análisis de comparación de eficacia entre la gestión directa y la concesional. El coste de construcción es casi triple por concesión que por gestión directa y casi cuádruple el coste de explotación”. Decía también, que en “tres zonas existe incumplimiento de contratos por parte de los concesionarios cuyos perjuicios no han sido debidamente reclamados por parte del IAA.” y que “El Pirineo acumula importantes retrasos e incidencias en su ejecución”. Creemos que, si atendiendo solo a la auditoría de 2015, la CC extrae múltiples irregularidades, es imprescindible que se audite todos los años de funcionamiento del IAA y que la comisión de investigación en las Cortes empiece su trabajo ya. EXTINCIÓN DEL IAA. En el IAA se encuentra el origen de los males que han aquejado a la gestión autonómica del ciclo del agua en Aragón. El IAA es una entidad pública opaca en su funcionamiento que ha mostrado prepotencia hacia los Ayuntamientos, ha optado por el método privatizador concesional, ha elegido tecnologías caras en depuradoras sobredimensionadas,..., El IAA ha practicado la satisfacción de intereses políticos antes que la defensa del interés público, como hubiese hecho una institución formada por funcionarios. La mayor parte de su plantilla son "puestos singulares de jefatura", que desarrollan funciones directivas pese a no ser funcionarios. Accedieron a sus puestos sin convocatoria pública de proceso selectivo (obligatoria para este tipo de entidades, según el Estatuto Básico del Empleado Público (2007) y la LARA (2014). Desarrollan funciones de ordenación, de autoridad, de inspección, de sanción, de policía de aguas, que la LARA obliga a que sean desempeñadas por funcionarios de carrera, cuando sólo hay 4 funcionarios. Consideramos que sería un grave error mantener la estructura del IAA e integrarla, tal cual, en una futura Dirección General del Agua, garantizando empleos fijos a toda la plantilla en sus actuales puestos, y un abuso de derecho, que raya en la prevaricación, hacerlo por Ley. “La plantilla del IAA no detalla las retribuciones para cada puesto, ni especifica los grupos de clasificación profesional, ni el sistema de provisión de los puestos de trabajo, ni establece los requisitos para su desempeño, excepto la titulación”. La RAPA propone . Suprimir el IAA y todos sus puestos (no los empleos, pues las personas trabajadoras tienen derecho a subrogarse como indefinidas no fijas, permaneciendo en ellos hasta que se cubran las vacantes). . Elaborar una nueva estructura de plantilla de la Dirección General del Agua, adaptada a los objetivos y estrategias que requieran el nuevo Plan que se elabore y demás funciones que se le asigne. . Reservar todos esos puestos a funcionarios de carrera de las escalas general y facultativa, salvo casos como el necesario personal de oficios (conductores, personal de limpieza, etc.) . Dotar todos los puestos actuales del IAA mediante concurso de adscripción o promoción entre funcionarios de carrera de la DGA (con cualificaciones semejantes a las requeridas). Los que queden vacantes se incorporarán a la próxima oferta de empleo público y convocatoria de oposición libre. . Asumir y corregir las deficiencias remarcadas por la CC: “La CC no ha dispuesto de ningún documento o anteproyecto sobre el proceso liquidativo del IAA que identifique la totalidad de sus recursos, derechos y obligaciones. No ha podido verificar la adecuada valoración de los activos y pasivos a transferir y la existencia de pasivos ocultos que tendría que asumir la Administración de la Comunidad Autónoma. El IAA no dispone de un catálogo permanentemente actualizado de bienes recibidos en cesión o en adscripción, ni de derechos reales sobre bienes inmuebles, ni de los arrendamientos concertados para alojar a sus órganos, los cuales deberían constar en el Inventario General del Patrimonio de Aragón…” La CC recomienda “revisar y actualizar el inventario de bienes y derechos, procediendo a su correcta contabilización y a la regularización contable de las diferencias”. También opina la CC que “los 5,25 M€ de gasto anual de gestión del IAA deberían imputarse al PASD (2,38 por personal y 2,87 de gasto corriente). REVISIÓN DE LOS CONTRATOS EMPRESARIALES. Además de los hechos descritos en el apartado “Auditoría del IAA” de este documento, la CC constata que: “Existen casos de EDAR cuyo coste de construcción es significativamente inferior al del proyecto ofertado por el adjudicatario y aprobado por la Administración. La supervisión de las obras se encomendó a SODEMASA. El IAA no ha emitido certificaciones de obra ni ha aprobado los proyectos finales que el concesionario está contractualmente obligado a entregar a la Administración. En estas condiciones, no es posible determinar si la ejecución se ha realizado conforme a los proyectos aprobados por el IAA o sufrió modificaciones durante la ejecución de las obras”. La CC cuestiona que se pague 4,66 M€ hasta 2015 por indemnizar a una concesionaria por una disminución de caudales al no tener hechos los colectores de los polígonos industriales próximos, pues hubiera sido más económico construirlos a cargo del IAA (2,77 M€). Las nuevas tarifas aprobadas no están justificadas. Además de las indemnizaciones, el perjuicio económico por las nuevas tarifas asciende a 625.000€ anuales y se mantendrá hasta el final del periodo de explotación (2029) La CC recomienda al IAA “exigir las responsabilidades y penalizaciones previstas en los contratos de concesión en los casos de prestación defectuosa”. Y respecto a otro tipo de contratos analizados: “..En las mesas de los contratos analizados no estuvieron presentes, ni siquiera el mínimo legal: Presidente, Secretario y los dos vocales de asesoramiento: jurídico y control económico”. 17 contratos de emergencia analizados deberían haber seguido la tramitación ordinaria y no la de emergencia con adjudicación directa del contrato, pues no queda acreditada la necesidad de actuación inmediata. No consta la necesidad de utilizar encomienda de gestión a SARGA de nueve contratos en 2015 en lugar de acudir al sector privado mediante un contrato o mediante la incorporación de recursos humanos complementarios. En tres de los contratos analizados, las resoluciones aprobadas por el Presidente del IAA no detallan la valoración de los encargos realizados (costes de personal, medios materiales a emplear, etc.), limitándose a señalar el presupuesto de ejecución material (sin ningún desglose) y los gastos corporativos que cargará SARGA (5,5 %). SARGA factura al IAA sin detallar los costes. La CC ha analizado la contabilidad de SARGA comprobando que gastó hasta un 45,9% menos de lo cobrado. Los contratos con las empresas pueden y deben ser revisados. La ejecución del PASD (obras pendientes y explotación de toda la red) en el período 2014- 2045 supone unos gastos de 3.209 millones de euros (dato de la C.C). En muchas ocasiones puede resultar hasta tres y cuatro veces más barato recuperar la gestión (negociando con las empresas una indemnización por inversión realizada y expectativas reales de beneficio empresarial) que pagar los plazos hasta el final de la concesión. Es posible, si hay voluntad de hacerlo, recuperar la gestión pública. El límite lo marcan las leyes de estabilidad presupuestaria que establecen el máximo de endeudamiento posible pero, si se traza un plan progresivo y constante, en pocos años puede recuperarse gran parte de las concesiones y contratos de gestión y revisarse los precios del contrato del resto. En relación a los contratos con las empresas la RAPA plantea: . Exigir la denuncia inmediata de los contratos incumplidos, demandando daños y perjuicios a las empresas. . Negociar la cancelación de los contratos de concesión de obra pública. . Renegociar los precios a la baja cuando lo anterior no sea posible. . Favorecer la gestión directa por los ayuntamientos (a medida que venzan los plazos) de las 43 depuradoras con contrato de gestión de servicios. Exigir que las EDARs sean devueltas en perfectas condiciones. . Operar del mismo modo con los contratos vinculados al abastecimiento, de forma que se avance en la gestión pública del ciclo integral del agua. DEVOLUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS A LOS AYUNTAMIENTOS. Los convenios del IAA con los Ayuntamientos no sólo privaron a éstos de sus competencias en materia de depuración, sino que los marginaron en la toma de decisiones respecto a este servicio. Las comisiones de seguimiento no han funcionado. Algunos ayuntamientos se encuentran endeudados con el IAA a causa del coste de las expropiaciones forzosas de terrenos que el IAA pagó. Consideramos indispensable que se vuelva a un escenario de cooperación entre iguales desde la subsidiariedad de la Administración Autonómica, cuyo papel es de regulación y planificación global y de asistencia técnica y económica para facilitar que los ayuntamientos ejerzan sus propias competencias en las tareas del ciclo integral del agua. Desde RAPA se plantea un tratamiento específico a cada una de las situaciones siguientes: . Ayuntamientos que no cedieron sus competencias y disponen de depuradora (p.ej Fabara, y Zaragoza). Respetar la voluntad municipal y ciudadana y el marco constitucional y permitir que desarrollen y financien sus propios sistemas de depuración. . Ayuntamientos que no cedieron sus competencias y NO disponen de depuradora (Bielsa, p.e.). Proceder del mismo modo y, además, la Dirección General del Agua deberá asistir técnica y económicamente para que el Ayuntamiento construya y gestione una EDAR sostenible. . Ayuntamientos de las 43 cabeceras de comarca que disponen de depuradoras construidas con fondos europeos y cuya gestión privatizó el IAA tras la firma de los convenios. Fomentar que aquellos ayuntamientos que lo deseen pasen a gestionarlas sin contrapartida alguna, preferentemente mediante gestión pública. . Ayuntamientos que cedieron sus competencias y disponen de depuradora Estudiar la posibilidad de cancelar los contratos. Valorar el coste y oportunidad de mantenerlas o sustituirlas por otras mejor dimensionadas, con tecnologías más eficientes y ajustadas a los recursos disponibles en los municipios. Favorecer que los Ayuntamientos las gestionen a través de gestión pública directa con asistencia económica y técnica de la Dirección General del Agua . Ayuntamientos que cedieron sus competencias y NO disponen de depuradora Cancelar o modificar los convenios permitiendo a los ayuntamientos desarrollar, financiar y gestionar sus sistemas de depuración sostenible, con asistencia de la Dirección General del Agua. Además la DGA debe indemnizarles por todos los gastos ocasionados mientras tuvo la titularidad (multas, canon de saneamiento). “El IAA no tiene constituida provisión para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, de cuantía indeterminada. Por ejemplo, los 7M€ del litigio con concesionaria del Río Aragón ó las posibles responsabilidades ante las reclamaciones de los municipios del Pirineo que no cuentan con depuradora y que han sido recientemente sancionados por la CHE por los vertidos realizados en condiciones inadecuadas”. “Más de 3M€ ha gastado el IAA para la expropiación forzosa de los terrenos en los que se ubican las plantas depuradoras correspondientes a varios contratos de concesión. No pueden figurar en la cuenta "Inversiones gestionadas para otros entes públicos" sino contar como activos propios. Según los convenios de colaboración entre el IAA y los Ayuntamientos, este coste debería haber sido soportado por éstos. SUPRESIÓN DEL ICA El ICA es la clave esencial de todo el sistema privatizador, puesto que plantea la falsa ilusión de que cualquier inversión es posible porque "lo pagaremos solidariamente entre todos". Ese absurdo planteamiento ha llevado a desarrollar un plan que, para cubrir las necesidades de depuración de un 23% de la población de Aragón, hace necesario que todos paguemos un impuesto que tiene el dudoso honor de ser el más caro de España. A pesar de ello, lo que se recauda de ICA solo alcanza a cubrir, en el mejor de los casos, un 50% de los costes de inversión, explotación y mantenimiento (en la zona 7A), situándose en torno al 25% de esos costes en el resto de zonas de depuración. Ante esta situación no basta con defender que cambie el sujeto tributario, o darle menor peso a la cuota fija y mayor progresividad en los consumos, o que se acomode mejor a las distintas situaciones mediante acuerdos con los ayuntamientos. No es suficiente ni sería comprendido por la gente que ha de sufrir innecesariamente una doble tributación injusta para financiar un sistema sobredimensionado y de gestión ineficiente. Las actuaciones pendientes (alrededor de 450 municipios todavía no tienen tratados sus vertidos) deberán ajustarse al máximo a la capacidad de pago de los beneficiarios buscando, excepcionalmente, otras formas de cubrir los costes. Deberá contarse con todas las fuentes de financiación posibles: . Subvenciones del Estado. Partidas finalistas y controladas que, provenientes del IRPF, distribuyen con más justicia el coste de un servicio cuyo acceso ha sido declarado Derecho Humano. . Presupuestos de la Comunidad Autónoma. A través de ellos se ejercería el principio de solidaridad entre aragoneses. (Aportan en torno a un 25% del gasto actual del IAA.) . Tasas municipales o autonómicas para cubrir los costes de prestación de los servicios del ciclo integral del agua. Sólo después de haber ajustado al máximo los costes actuales y futuros de la depuración en Aragón, y si esas fuentes de financiación no alcanzan a cubrirlos, habrá que buscar algún recurso tributario, residual y subsidiario. Ante el colapso financiero del actual modelo, sería perfectamente justificable que hubiera aportaciones del Estado y la Comunidad Autónoma extraordinarias y suficientes, que cubran su responsabilidad por haber permitido que se desarrollara en contra del sentido común y al margen de las instituciones competentes, que son los Ayuntamientos. En el escenario financiero 2014-45 se prevé un gasto total de 3.209M€ a pagar con el ICA. La CC constata una incertidumbre sobre los ingresos futuros de los contribuyentes de Zaragoza que el IAA ha considerado en sus previsiones de financiación del PASD en 543M€ para el periodo 2014-45. La terminación de todas las infraestructuras pendientes generará mayores déficits anuales, que no se podrán cubrir si Zaragoza capital no se incorpora al sistema . “Durante los años 2008-16, la Comunidad Autónoma ha recibido fondos estatales por importe de unos 142 M€. La aportación del Estado está condicionada a la completa ejecución por parte de la CA, y con cargo a sus recursos propios, de las obras del Pirineo y del Plan Especial de Depuración antes del fin de 2016”. La CC considera probable que el IAA incumpla el plazo establecido (31 de diciembre de 2017) para la ejecución de las obras de depuración de los ríos pirenaicos. Por este incumplimiento podría nacer la obligación de reintegrar al Estado 117 millones de euros no gastados en depuración. Creemos que es infinitamente más justo que el sobreprecio del sistema fruto de la mala gestión y la posible corrupción se afronte con las fuentes de ingresos tributarias y con las tasas municipales de unos ayuntamientos que recuperarán sus competencias, y NO con un impuesto lineal abusivo que, además de ser la clave del sistema privatizador, castiga especialmente a los vecinos de los pueblos y ciudades que han cumplido con sus obligaciones. CREACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA. Una vez asumidas las exigencias antes descritas, es imprescindible que el sistema se dote de mecanismos de participación de calidad que permitan consensos sobre el futuro de los diferentes planes de aguas. En ese sentido podríamos avalar que la Dirección General del Agua se dote de un Consejo del Agua, siempre y cuando tenga funciones reales, facultativas en las grandes cuestiones. Habría que revisar su composición, la forma de selección de sus componentes (que no puede quedar al libre arbitrio del Gobierno), y asegurar que debe aprobar todas las piezas con valor jurídico del sistema (planes, reglamentos, convenios, subvenciones, criterios de las tasas de abastecimiento y saneamiento…) antes de su sometimiento a ratificación del Consejo de Gobierno). ELABORACIÓN DE UN NUEVO PASD La RAPA considera necesario elaborar un nuevo PASD basado en criterios y principios radicalmente distintos, tales como: . Recuperar el buen estado de nuestros ríos y ecosistemas acuáticos aplicando para ello las normativas europeas en materia de saneamiento de retornos. . Reforzar la solidaridad colectiva a todos los niveles (comarcal, autonómico, nacional, europeo y mundial) para conseguir que todas las personas disfruten de este servicio declarado por NNUU derecho humano. . Aplicar de forma efectiva el criterio coste-eficacia (no sólo económica, también ecológica y sostenible) en la elección de la tecnología de depuración. . Incentivar la responsabilidad de la ciudadanía y de las instituciones; . Empoderar a los ayuntamientos en sus funciones y responsabilidades en esta materia para que puedan brindar este servicio en aplicación del principio de subsidiariedad y desde la lógica del interés general sin ánimo de lucro . Garantizar la transparencia y la participación ciudadana en el control efectivo de los servicios públicos de abastecimiento agua, saneamiento y depuración. . Incentivar, fomentar, apoyar,...,aquellas iniciativas dirigidas a internalizar (re-municipalizar) los servicios del ciclo integral del agua. . Fomentar la coordinación con la Confederación Hidrográfica el Ebro para actuar desde lo local sin olvidar la visión global de cuenca. . Promover campañas educativas que incidan en el adecuado uso del agua (ahorro, calidad de los vertidos, usos lúdicos..) . Considerar la contribución de todas las fuentes de contaminación (domésticas, agrícolas , ganaderas e industriales) y la aportación económica que deben soportar para la prevención y eliminación de la misma. Leer este documento bien editado volcando en el buscador de Internet el siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/0B8o9Rnig50yfX0tJZmxJNHhSUE0/view?usp=sharing Firmado en Zaragoza a 17 de Julio de 2017 María Isabel Torrecilla Daniel. DNI. 18401085 . < utrillas@unizar.es > Presidenta de la Red de Agua Pública de Aragón.
JOAQUIN MURRIA MARTININGENIERIA DE OBRAS ZARAGOZA S.L (INGEOBRAS)17-07-2017 08:29Muy importante: dimensionar correctamente los caudales de entrada. Nosotros hemos realizado los diseños para las empresas adjudicatarias de aproximadamente el 60% de las depuradoras actualmente...
Muy importante: dimensionar correctamente los caudales de entrada. Nosotros hemos realizado los diseños para las empresas adjudicatarias de aproximadamente el 60% de las depuradoras actualmente funcionando en Aragón, hemos desarrollado nuestra propia tecnología y participamos en multiples foros de tratamiento de aguas y el error más grande siempre es el mismo: se sobredimensionan. En el Plan Pirineos este fue uno de los grandes errores. La campaña de aforos debe ser real y las previsiones realistas.
Red de Agua Pública de Aragón (RAPA)14-07-2017 21:06...En la situación actual, no es razonable esperar que una revisión dialogada del PASD genere otro modelo. Como viene proponiendo la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) desde hace años y conociendo...
...En la situación actual, no es razonable esperar que una revisión dialogada del PASD genere otro modelo. Como viene proponiendo la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) desde hace años y conociendo el informe de la auditoría de la CC autonómica, en el actual PASD no cabe ningún maquillaje. Debe ser derogado íntegramente y sustituido por otro Plan elaborado con criterios radicalmente diferentes que den respuesta a todas las deficiencias estructurales que el modelo concesional conlleva, que acometan el gasto mínimo para cumplir los objetivos de depuración con un modelo de financiación que nada tenga que ver con el ICA, que cuenten con el protagonismo de los Ayuntamientos, que prioricen la gestión directa de las infraestructuras del ciclo integral del agua, que establezcan canales de participación, que "autoexijan-practiquen-publiciten" control y transparencia para el buen uso de los recursos públicos, que pretendan la sostenibilidad del sistema hídrico con visión de cuenca, que planteen el impacto ambiental estratégico, que eduquen en el adecuado uso y disfrute de las aguas superficiales, que fomenten el ahorro de agua mediante una tasa de ciclo integral por tramos con parte fija mínima, ... , que velen por el Derecho Humano al Agua. Para desarrollar esos objetivos, la RAPA propone una hoja de ruta que seguiría los siguientes pasos desarrollados de forma coordinada y simultánea: . Auditoría de todo el periodo de funcionamiento del IAA y puesta en práctica inmediata de la comisión de investigación en las Cortes . Extinción del IAA. . Revisión de los contratos empresariales. . Devolución de las competencias a los Ayuntamientos para la gestión del Ciclo Integral del Agua. . Supresión del ICA. . Creación de mecanismos de participación, control y transparencia. . Elaboración de un nuevo Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración Leer el documento completo de aportaciones de la RAPA volcando en el buscador de Internet el siguiente enlace https://drive.google.com/file/d/0B8o9Rnig50yfX0tJZmxJNHhSUE0/view?usp=sharing
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR14-07-2017 12:05Las instalaciones de depuración deben proyectarse respetando la zona de flujo preferente.
Las instalaciones de depuración deben proyectarse respetando la zona de flujo preferente.
jose luisbartolome navarroAyuntamiento de Jaca/Universidad de Zaragoza23-06-2017 10:03Gracias por esta oportunidad de expresión porque es la primera vez que se organiza un proceso participativo abierto de verdad para recibir criticas y sugerencias. Es triste que, durante años, un...
Gracias por esta oportunidad de expresión porque es la primera vez que se organiza un proceso participativo abierto de verdad para recibir criticas y sugerencias. Es triste que, durante años, un servicio público vinculado al ciclo del agua se haya utilizado espúreamente como palanca de poder y clientelismo político rozando siempre la ilegalidad. La mejor forma de "despolitizar" esto es volver al modelo legal restituyendo la competencia de los entes locales, acostumbrados a prestar servicios públicos locales con eficacia y transparencia, "rebajando" así el componente "trascendente" con que se ha venido vendiendo esta política como si fuera una "Política de gobierno" cuando en realidad es la prestación de un servicio público como otro cualquiera.....
José Manuel González CanoEncargado de Informes Ambientales de Ecologistas en Acción -OTUS. C/Yagüe de Salas 16. 44001 Teruel4420-06-2017 14:25Que los regantes dejen el caudal ecológico que determina el plan de cuenca de las Confederaciones Hidrograficas. En Mora de Rubielos se aforaron las tres principales acequias de riego en el mes de...
Que los regantes dejen el caudal ecológico que determina el plan de cuenca de las Confederaciones Hidrograficas. En Mora de Rubielos se aforaron las tres principales acequias de riego en el mes de Mayo y el río, este en un canalillo sobre losa de cemento, el río en casco urbano tiene un caudal del orden de 2 l/seg, entre las tres acequias llevaban mas de 120 l/seg, cuando hay muy pocas tierras que se rieguen, como se puede ver en las ortofotos actuales, enviamos escrito a CHJ en fecha 23/05/2017. Pidiendo que se lo comunicaran oficialmente al Sindicato de Riegos, la obligacón de respetarlo. Hoy 20/06/17 solo pasan 2l/segundo. y en Ecologistas en Accion-Otus no hemos tenido respuesta de haberlo comunicado la CHJ al Sindicato de Riegos de la Fuen Lozana y Tosquilla
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